Dicen que el ejercicio del poder transforma las prioridades, pero en la política guatemalteca también suele borrar la memoria. En 2022, desde su curul en el Congreso, el entonces diputado Bernardo Arévalo se opuso con firmeza a los alivios fiscales y de hidrocarburos del gobierno de Alejandro Giammattei. Sostenía que inyectar recursos públicos a los combustibles era un asistencialismo inútil que no frenaba la inflación ni beneficiaba de forma equitativa a la población. Defendía, en su lugar, apuestas estructurales de largo plazo, como la transición hacia autobuses eléctricos.
Cuatro años después, desde la Presidencia y acorralado por la escalada de los precios internacionales del petróleo y la presión de protestas y bloqueos, la postura oficial dio un giro drástico.
El Ejecutivo ha enviado al Congreso una iniciativa para fijar un subsidio de Q3,480 millones (Q12 por galón de diésel y Q3 para la gasolina regular) vigente hasta finales de 2026. La administración defiende que el apoyo al diésel mitiga de inmediato el costo del transporte de carga y la canasta básica, calificando la medida como un acto de pragmatismo responsable financiado mediante readecuaciones presupuestarias. Lo que en la oposición se denunciaba como un parche ineficaz, desde el Gobierno se rebautiza como urgencia nacional.
Más allá del cambio de discurso, el recurso más revelador para evaluar esta decisión es el costo de oportunidad.
En un país golpeado por deficiencias crónicas, las matemáticas presupuestarias muestran con claridad lo que se sacrifica cuando se decide subsidiar el consumo temporal:
- Vacunas contra el Sarampión (SPR): Adquirida a precio preferencial de la OPS (Q19.50 por dosis), esa cantidad permitiría comprar más de 178 millones de dosis. En un país de 18 millones de habitantes, equivale a garantizar la vacunación completa de toda la población casi 5 veces consecutivas.
- Programa de Alimentación Escolar: Con la asignación actual de Q4.00 diarios por alumno (Q720 al año), ese monto financiaría la comida anual de 4.8 millones de niños —más del doble de la matrícula de primaria pública— o permitiría duplicar a Q8.00 la ración diaria de todos los estudiantes del país durante un año.
- Combate a la Desnutrición Crónica: Mediante transferencias monetarias de Q500 mensuales (Q6,000 al año), el subsidio sostendría a 580,000 familias en extrema pobreza durante doce meses enteros, atacando de raíz el hambre en el Corredor Seco.
El verdadero costo de oportunidad: ¿Humo o desarrollo?
El Arévalo opositor de 2022 tenía razón en un punto central: subsidiar el combustible quema recursos que el Estado necesita para atender crisis históricas. Al ceder ante la presión de corto plazo, el Ejecutivo demuestra que las urgencias de la coyuntura terminan sofocando la agenda de transformación.
Gobernar exige pragmatismo, pero cuando ese pragmatismo consiste en diluir Q3,480 millones en los tanques de los vehículos a costa de la nutrición y la salud pública, la realidad del poder termina pareciéndose demasiado a lo que se prometió cambiar.
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