Del TREP al SIP 245: el nuevo sistema que vuelve a poner bajo la lupa la transmisión electoral

Han pasado más de tres años desde las elecciones de 2023, pero para los partidos políticos hay tres letras que todavía despiertan preguntas: TREP.

Ahora, a menos de un año de que los guatemaltecos regresen a las urnas, el tema vuelve a la mesa.

Durante la reunión mensual que el pleno del Tribunal Supremo Electoral sostiene con representantes de los partidos políticos, este 25 de agosto de 2026, la Dirección General de Informática presentó oficialmente el sistema que será utilizado para transmitir los resultados preliminares de las Elecciones Generales de 2027.

Y aunque cambia el nombre, su función ocupará uno de los espacios tecnológicamente más sensibles de la próxima elección: recibir, procesar y publicar los datos preliminares provenientes de las actas electorales.

El encargado de explicar el proyecto fue Josué David Illescas Marroquín, director general de Informática del TSE.

Illescas aseguró que el Tribunal mantiene bajo su dominio el control, diseño y estructura del nuevo sistema y sostuvo que su desarrollo está siendo dirigido desde esa dependencia. Reconoció, sin embargo, que existen componentes técnicos para los cuales se recibe apoyo de proveedores.

Porque para comprender por qué el nuevo sistema despierta interés entre los partidos hay que regresar a 2023.

El antecedente de Q148.8 millones

Para las elecciones pasadas, el TSE contrató con Datasys Guatemala, S.A. el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, conocido como TREP.

El contrato alcanzó los Q148 millones 850 mil 250.

El sistema digitalizaba las actas número 4 de las Juntas Receptoras de Votos, procesaba la información y permitía consultar los resultados por mesa, municipio, departamento y a nivel nacional.

Pero existe una diferencia fundamental que todavía suele perderse en la discusión pública:

el TREP no elegía al presidente, diputados ni alcaldes. Era un mecanismo para divulgar resultados preliminares.

La Organización de Estados Americanos recordó posteriormente que se trataba de un sistema de conteo rápido no vinculante y que eran las Juntas Receptoras de Votos las responsables de efectuar el escrutinio y consignar los votos en las actas. La misión electoral de la OEA, además, afirmó que durante la elección observó un funcionamiento adecuado y un flujo constante de información.

Entonces, ¿por qué el TREP terminó convertido en uno de los capítulos más polémicos de 2023?

Buena parte de la controversia estuvo alrededor de su contratación y del gasto, no solamente de su funcionamiento.

La Contraloría General de Cuentas identificó hallazgos relacionados con planificación y calidad del gasto. Entre los cuestionamientos figuró que el TSE había comprado miles de computadoras y escáneres desde finales de 2022, antes de contratar formalmente el TREP, así como otros componentes tecnológicos que posteriormente fueron objeto de fiscalización.

La adquisición terminó generando denuncias, solicitudes de antejuicio contra magistrados y una investigación penal que convirtió al sistema informático en uno de los grandes focos de confrontación posteriores a las elecciones.

Ese es el antecedente con el que nace el SIP 245.

El TSE quiere hacerlo diferente

Las nuevas autoridades electorales llevan meses anunciando que no pretenden repetir el modelo de 2023.

En abril de este año el Tribunal informó que analizaba 12 propuestas o proyectos tecnológicos encaminados a desarrollar un sistema propio. Posteriormente, los magistrados reiteraron que el TREP no volvería a utilizarse y que el objetivo era construir una plataforma cuya propiedad, desarrollo y control permanecieran dentro del TSE.

En junio, el magistrado Quelvin Jiménez explicó que la intención era evitar la tercerización del software y permitir que el Tribunal pudiera verificar la trazabilidad y auditar la transmisión de los resultados.

En julio ya se conocían tres grandes componentes proyectados para la herramienta: digitalización y validación de datos, verificación cruzada y centralizada, y transmisión y publicación de resultados.

Y este 25 de agosto finalmente apareció su nombre: SIP 245.

Pero tener un sistema propio no elimina las preguntas

Que el código y el desarrollo estén bajo control del TSE puede reducir la dependencia que existió en 2023 respecto de una empresa contratista.

Pero por sí solo no garantiza transparencia.

La confianza en un sistema electoral no debería depender únicamente de quién asegura controlarlo, sino de cuánto puede ser auditado, fiscalizado y puesto a prueba antes de las elecciones.

El director afirma que nada del desarrollo ha sido delegado, pero reconoce participación de proveedores en determinados componentes técnicos.

La pregunta entonces ya no es solamente quién escribió el programa.

Es necesario conocer qué servicios serán contratados externamente, quiénes serán esos proveedores, dónde estarán alojados los datos, quién administrará la infraestructura, qué mecanismos de respaldo existirán y hasta dónde podrán ingresar los fiscales informáticos de los partidos para comprobar que lo transmitido corresponde exactamente con cada acta.

También tendrá que conocerse el costo.

El TREP costó casi Q149 millones.

Del SIP 245 todavía deberá establecerse cuánto representa el desarrollo interno y cuánto costarán infraestructura, conectividad, nube, ciberseguridad, equipos, licencias, contingencias y servicios proporcionados por terceros.

El verdadero examen será antes del día de las elecciones

El sistema todavía tiene varios meses para demostrar de qué está hecho.

El TSE había anticipado que las primeras presentaciones y pruebas amplias con partidos políticos comenzarían entre finales de 2026 y principios de 2027.

Es precisamente allí donde deberá construirse la confianza.

No después de las elecciones, antes.

Los partidos políticos necesitarán fiscales informáticos capaces de comprender la arquitectura del sistema, seguir la ruta de un acta desde que es digitalizada hasta que aparece publicada, comprobar registros de actividad y verificar que existan mecanismos independientes para detectar cualquier modificación.

También será necesario conocer quién realizará la auditoría externa y bajo qué estándares.

En 2023 participaron observadores nacionales e internacionales, partidos políticos y entidades especializadas. La OEA incluso había realizado previamente cooperación técnica sobre seguridad y funcionamiento del TREP y formuló 52 hallazgos y recomendaciones al Tribunal.

Para 2027 el estándar debería ser, como mínimo, igual de riguroso.

Del TREP al SIP 245

Cambiar el nombre no borra las preguntas que quedaron abiertas después de 2023.

Pero tampoco significa que el nuevo sistema repita necesariamente los problemas de aquel proceso.

Eso tendrá que demostrarse con evidencia.

El SIP 245 representa una oportunidad para que el Tribunal Supremo Electoral muestre que aprendió del pasado: un sistema bajo control institucional, técnicamente auditable, abierto a los fiscales informáticos, sometido a pruebas independientes y con absoluta transparencia sobre proveedores y costos.

Porque el problema no debería ser que Guatemala utilice tecnología para informar rápidamente quién va ganando una elección.

El problema surgiría si los ciudadanos y los partidos tuvieran que confiar en una caja negra que solamente unos cuantos pueden revisar.

Por eso, de aquí al 27 de junio de 2027, la discusión no debería concentrarse en alimentar fantasmas.

Debería concentrarse en exigir respuestas.

¿Quién desarrolló cada componente del SIP 245?

¿Quiénes serán sus proveedores?

¿Cuánto costará?

¿Dónde estarán almacenados los datos?

¿Quién tendrá acceso al código?

¿Quién lo auditará?

¿Y podrán los partidos comprobar, de principio a fin, que cada número publicado corresponde exactamente con el acta que salió de una mesa electoral?

Si el sistema puede responder satisfactoriamente esas preguntas, habrá ganado algo incluso más importante que velocidad.

Habrá ganado confianza.