Guatemala bajo el lodo: la rentable costumbre de gobernar solo para la superficie

Cada año, el invierno en Guatemala deja de ser un fenómeno natural para convertirse en un veredicto social.

Culpamos al cielo, a las laderas inestables y al cambio climático, pero la realidad es más terrenal: la letalidad de las lluvias es un diseño político. Las avalanchas de lodo y los ríos desbordados no son accidentes inevitables, sino la consecuencia de décadas de abandono estructural y corrupción sistemática.

El drama se repite con una precisión cínica.

Mientras miles de familias vulnerables subsisten en barrancos por pura falta de opciones, la respuesta estatal se limita a la pirotecnia de la emergencia.

Instituciones como la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) operan como bomberos de un incendio anunciado, repartiendo asistencia de emergencia y kits de supervivencia, pero carecen del peso político y financiero para reubicar comunidades o detener el crecimiento urbano descontrolado.

El fondo del problema es estético y electoral. Para los alcaldes y gobiernos de turno, enterrar presupuestos millonarios en colectores de agua o alcantarillados profundos resulta políticamente invisible; las obras bajo tierra no se pueden presumir con listones de inauguración ni generan simpatías inmediatas en las urnas. Prefieren el asfalto superficial que se disuelve con el primer aguacero, alimentando un ciclo interminable de contratos viales de dudosa calidad.

Mientras tanto, el desorden habitacional impermeabiliza el suelo, asfixiando tuberías obsoletas de hace medio siglo.

El agua, al no hallar salida, reclama su espacio arrasando vidas.

La verdadera tragedia no es la tormenta, sino un sistema que prefiere administrar la catástrofe en lugar de evitarla.

Tratar el invierno como una sorpresa anual ya no es ineficiencia; es una negligencia institucional que pagamos con vidas.