Anclados en el pasado: el naufragio de los puertos guatemaltecos

Frente a nuestras costas flota una fila silenciosa y costosa de buques. Cada hora de espera antes del desembarque genera penalizaciones millonarias que no pagan las navieras ni los intermediarios, sino la ciudadanía en la factura del supermercado, los insumos agrícolas, el combustible y las medicinas.

Guatemala pretende competir en el comercio global con una infraestructura oxidada y estancada en el siglo pasado, operando muy por encima de su capacidad física.

Tener una ubicación geográfica privilegiada de nada sirve cuando las puertas del país permanecen trabadas por la burocracia y la falta de reglas claras. Mientras la logística mundial exige inmediatez y tecnología de punta, las terminales marítimas sufren un estrangulamiento operativo que frena la competitividad y ahuyenta capitales estratégicos.

Pero el problema va más allá de instalar grúas o expandir muelles: requiere con urgencia un marco normativo moderno que otorgue certeza jurídica y abra la puerta a inversiones públicas y privadas.

Bajo este panorama, la Iniciativa 6541 —Ley General del Sistema Portuario Nacional— no es un expediente más en el tintero legislativo ni una ficha de canje en la trastienda política: es el futuro inmediato de un país que no puede permitir que las mezquindades partidistas sigan negociando el futuro y el desarrollo de Guatemala.

Es una emergencia de Estado.

Una Autoridad Portuaria moderna no solo desataría los nudos de la burocracia y abarataría el comercio. Levantaría un escudo firme contra el crimen organizado y sembraría en nuestras costas miles de empleos dignos.

Mantener la parálisis actual es un acto de autosabotaje económico. El Legislativo tiene en sus manos la llave para destrabar el motor del comercio exterior; permitir que la mezquindad política hunda a las costas guatemaltecas es un lujo que el país no puede darse.

Llegó la hora de levar anclas o resignarse a naufragar.