El espejismo del agua regulada: cuando la prisa legislativa amenaza el futuro

Llevar cuatro décadas ignorando un mandato constitucional es una anomalía que muy pocos países se pueden permitir.

En Guatemala, la falta de un marco legal sobre el recurso hídrico ha dejado que la anarquía y la incertidumbre determinen el destino de comunidades y sectores productivos por igual. La llegada al Congreso de la Iniciativa 6816 abre, en apariencia, la oportunidad para saldar esta omisión histórica.

Sin embargo, la urgencia por legislar amenaza con tropezar con el error recurrente de la política local: aprobar a marchas forzadas un texto desconectado de la realidad operativa del país.

La propuesta articulada desde el Ejecutivo y el Ministerio de Ambiente acierta al buscar orden instituyendo una Superintendencia del Agua, un inventario nacional y cánones financieros diferenciados. El problema central no radica en la necesidad de fiscalizar, sino en la metodología empleada. Este es el verdadero foco de la crítica.

La puesta en marcha de cualquier marco regulatorio exige ponderar la diversidad de opiniones y, con especial rigor, aquellas fundamentadas en el conocimiento experto.

Como bien ha señalado el sector productivo organizado, la CACIF, el diálogo previo funcionó más como un trámite informativo e institucional que como un espacio de construcción conjunta. Ignorar la experiencia práctica de las cadenas de valor agrícolas e industriales resta viabilidad a una ley que requiere, antes que nada, aplicabilidad real.

Legislar sobre el agua exige el pulso de un cirujano.

Diseñar un esquema regulatorio con sesgo fiscalista o punitivo, que pase por alto la necesidad de incentivar la infraestructura hídrica y excluya el rol decisivo de los municipios, terminará encareciendo la producción y paralizando la inversión sin resolver la escasez del recurso. Una burocracia pesada que no ofrezca certeza jurídica solo conducirá a que la norma se convierta en letra muerta.

La Comisión de Ambiente del Congreso tiene en sus manos la responsabilidad de corregir la ruta. Resistir la tentación del dictamen exprés para dar paso a una mesa técnica multisectorial no es postergar la solución, sino blindarla contra el fracaso.

Guatemala necesita una ley de agua moderna, técnicamente solvente y con garantías para la generación de empleo; pretender regular un recurso vital de espaldas a la matriz productiva solo perpetuará el desorden que se busca erradicar.