La sombra de la chequera en la CC

Graves denuncias de soborno a magistradas de la Corte de Constitucionalidad sacuden la elección del fiscal general. El pulso entre el mérito y la corrupción alcanza su punto más crítico.

La integridad del sistema de justicia guatemalteco se enfrenta a una de sus pruebas más severas. La develación de una grave denuncia que detalla el presunto pago de cinco millones de quetzales a magistradas de la Corte de Constitucionalidad (CC) para influir en la nómina del Ministerio Público no es un hecho que deba pasar desapercibido. Los señalamientos contra Astrid Lemus, Julia Marisol Rivera y Anabela Morfín sitúan a la máxima Corte en el centro de un torbellino que trasciende la simple disputa política.

Según la denuncia, esta maniobra buscaría rescatar las candidaturas de Marco Antonio Villeda y Julio Roberto Saavedra, quienes no alcanzaron los puntos de excelencia necesarios y requeridos por el reglamento de la Comisión de Postulación. Resulta alarmante que, ante la falta de méritos técnicos —con punteos de 48 y 60 respectivamente—, la respuesta sea el presunto uso de recursos financieros para sobornar a los magistrados y “forzar” su inclusión. ¿De dónde saldría ese dinero? Aunque el escepticismo técnico no obliga a hacer otra pregunta: ¿en qué estado queda la independencia judicial si las decisiones se dictan desde una chequera y no desde la base del derecho?

La advertencia sobre repercusiones internacionales, mencionando la Ley Magnitsky y la lista de la OFAC, añade una presión externa que en Estado no puede ignorar. Si el proceso de elección del fiscal general nace de una raíz viciada, el ejercicio de la justicia durante los próximos cuatro años carecerá de legitimidad. La CC tiene la obligación urgente de esclarecer estos señalamientos, pues su silencio solo alimentará la sospecha de que, en efecto, la autonomía ha sido subastada al mejor postor.

El tiempo apremia.
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