Primer choque en Xochi

La puesta en marcha de la autopista privada Xochi fue proyectada como un hito para la Costa Sur, diseñada para mitigar hasta cuatro horas de tráfico en la Ruta al Pacífico. Sin embargo, esta mega obra de 31 kilómetros —respaldada por el BID y 600 inversionistas— enfrenta hoy su primer choque real: una parálisis institucional que no solo interrumpe la continuidad del proyecto, sino que posterga el desarrollo económico y la competitividad de toda la región.

El conflicto estalló cuando la Municipalidad de Mazatenango bloqueó un tramo estratégico alegando licencias vencidas y dudas técnicas. El argumento de regularización sería legítimo si no fuera por el método: la alcaldía mantuvo un prolongado silencio administrativo desde febrero ante las solicitudes de renovación de la empresa, ejecutando una clausura sorpresiva sin notificación escrita previa ni apego al debido proceso.

Mientras la cámara empresarial y el sector comercial estadounidense advierten sobre el devastador impacto de esta acción en la certeza jurídica, el Ejecutivo ha optado por una cómoda distancia. Al calificar el freno como una desafortunada situación municipal, el Gobierno central traslada toda la presión al poder local, ignorando que las repercusiones trascienden por completo las fronteras de un municipio.

Nadie exige impunidad técnica o exoneración de controles, pero permitir que la burocracia selectiva actúe fuera de los marcos legales convierte la inversión en un acto de riesgo extremo.

Si las reglas del juego se alteran unilateralmente al borde de la meta, el verdadero damnificado no es la constructora; es el progreso de una región que seguirá atrapada entre el tráfico, el caos y la desconfianza.