Semana en Contexto: Oriente bajo sitio, pulso en las cortes y el MP con pistas.

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Zacapa: ¿recuperación del control o tregua temporal?

Tras 48 días de escalada violenta y al menos 17 víctimas mortales —desde el ataque del 27 de septiembre en Huité con ocho fallecidos, pasando por el crimen del 6 de noviembre contra el diputado Julio Portillo y tres policías, hasta el ataque en La Majada con cinco víctimas—, el presidente Bernardo Arévalo decretó un estado de sitio de 30 días en Zacapa e Izabal mediante el Decreto Gubernativo 8-2026.

La medida faculta el despliegue de hasta 600 soldados, restringe ciertas garantías y permite detenciones y allanamientos sin orden judicial previa, bajo el respaldo de la Cámara de Comercio y a la espera de la ratificación o modificación del Congreso.

En las últimas horas, el Ministerio de Gobernación reportó el desarrollo de 48 allanamientos en Zacapa e Izabal —tras 21 capturas reportadas entre el 15 y el 17 de noviembre—, con el decomiso de armas de fuego (entre ellas fusiles, escopetas, carabinas y pistolas), municiones, radios, vehículos y dinero, además de diligencias en inmuebles ligados a la estructura de Los Lorenzana en Zacapa (donde fue capturado Francisco Hincapié Lorenzana) y la recuperación en Morales, Izabal, de una camioneta robada en la ruta al Atlántico.

La ofensiva policial y militar muestra golpes operativos y decomisos relevantes en el corredor oriental, pero el reto de fondo es sostener la presencia estatal e inteligencia una vez concluido el plazo de 30 días frente a estructuras armadas y redes de narcotráfico arraigadas en la región.

 

Incertidumbre sobre el IUSI

La presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC), Annabella Morfín, agendó para la sesión plenaria del martes 17 de noviembre al menos cuatro expedientes que buscan frenar la eliminación del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) para viviendas particulares —promovidos por las municipalidades de Villa Nueva y Salcajá y por diputados de Cabal y UNE—, pero retiró los casos de la agenda horas después sin dar una explicación oficial.

La convocatoria llamó la atención por coincidir con la ausencia de los magistrados titulares Roberto Molina Barreto y Dina Ochoa, lo que críticos interpretaron como una maniobra para integrar el pleno con suplentes.

El conflicto gira en torno al Decreto 18-2026, que elimina el IUSI residencial para una vivienda por propietario, prohíbe a las municipalidades condicionar servicios básicos al pago del impuesto a finales de noviembre y fija tarifas de 6 y 9 por millar para inmuebles comerciales o de mayor valor a partir del 8 de enero de 2027, mientras alcaldías advierten sobre el impacto en las finanzas locales y diputados como Juan Carlos Rivera esperan un fallo antes del 31 de diciembre.

 

Mas vida a la exoneración a combustibles

Con 144 votos y declaratoria de urgencia nacional, el Congreso aprobó el Decreto 31-2026 para prorrogar por seis meses —del 1 de enero al 30 de junio de 2027— la suspensión del IVA y del Impuesto a la Distribución de Petróleo y sus derivados (IDP) contemplada en el Decreto 22-2026.

Según estimaciones técnicas divulgadas por el Diario de Centro América, la medida representa un ahorro directo por galón de Q9.41 en gasolina superior, Q9.20 en regular y Q6.34 en diésel, manteniendo unos Q6,600 millones en manos de los consumidores para contener presiones inflacionarias ante la volatilidad petrolera vinculada a tensiones en Medio Oriente, el inicio del ciclo escolar y la primera vuelta electoral de 2027.

La ley exige detallar el monto exonerado en la factura electrónica y, mediante una enmienda aprobada en el pleno, resguarda las asignaciones presupuestarias con destino específico ligadas a estos impuestos, antes de volver al régimen ordinario el 1 de julio de 2027.

 

COG con nueva cúpula

Tras un nuevo allanamiento del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil en el Palacio de los Deportes, la Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) designó este 20 de noviembre un comité ejecutivo provisional para apartar de la conducción a la dirigencia encabezada por Gerardo Aguirre.

El nuevo directorio interino quedó integrado por Julio Fernando Cáceres Grajeda como presidente interino, la excontralora general de cuentas Nora Liliana Segura Monzón de Delcompare como vicepresidenta y secretaria general, y los vocales Ana Waleska Soto Abril, Tulio Armando Contreras Roldán y Aída Virginia Boesche Pedrero.

Las pesquisas del MP se enfocan en una presunta alteración documental de presupuestos de 2022 —que incluye una orden de captura contra la secretaria administrativa Helen Yanira González Orellana— y en posibles casos de nepotismo.

 

Autores Materiales

El Ministerio Público informó este 20 de noviembre que la pandilla Barrio 18 fue la autora material del doble homicidio del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa y del instructor de judo Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, ocurrido el 17 de octubre en el complejo deportivo Campo Marte.

El fiscal general Gabriel Estuardo García Luna calificó el caso como “resuelto parcialmente” tras la captura y ligamiento a proceso de dos presuntos integrantes de la estructura, mientras el secretario general Edwin Santiago Chavajay reportó más de 50 allanamientos e inspecciones —incluidas requisas en los centros carcelarios Renovación 1 y Canadá— y peritajes balísticos para dar con los autores intelectuales.

En paralelo, diez personas enfrentan proceso penal por irregularidades en la escena y obstrucción: siete agentes de la PNC capturados el 23 de octubre por plantar un arma —lo que llevó a la destitución de los mandos policiales—, dos particulares por el traspaso irregular de un arma y una agente por incumplimiento de deberes.