Entra en vigor en diciembre la Ley de Ciberseguridad: penas de cárcel, multas y alertas por censura.

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El presidente Bernardo Arévalo sancionó el Decreto 26-2026, conocido como Ley Marco de Ciberseguridad, tras su publicación este 17 de noviembre en el Diario de Centro América.

La normativa de 96 artículos, que cobrará vigencia el próximo 17 de diciembre, busca blindar al país tipificando delitos informáticos como el acceso e interceptación ilícitos, así como ataques a datos y sistemas, con penas de entre cuatro y ocho años de prisión que se agravan si afectan infraestructura crítica o servidores públicos.

Para su ejecución, el Estado creará tres instancias: el Consejo Nacional de Ciberseguridad (Conciber), liderado por el mandatario; la Dirección Nacional de Ciberseguridad (Diciber), bajo el mando de Gobernación; y un centro de respuesta a incidentes que operará en 18 meses. Sin embargo, su aprobación de urgencia nacional encendió alarmas en diversos sectores.

Colectivos ciudadanos y opositores señalan que la ambigüedad de ciertos artículos facilita la vigilancia estatal sin controles judiciales claros y amenaza la libertad de prensa. Asimismo, juristas criticaron que el texto excluyera delitos graves como la pornografía infantil. En el plano técnico, firmas como Kaspersky advierten que exigir reportes de ataques en apenas 30 minutos a seis horas resulta inviable para muchas empresas.

Ante multas que alcanzan los Q300,000, especialistas temen que las organizaciones opten por ocultar las vulneraciones en lugar de denunciarlas.